MONTEVIDEO, URUGUAY — La madrugada del domingo marcó un quiebre inédito en la seguridad institucional de Uruguay, tras un ataque armado directo contra el domicilio particular de la Fiscal de Corte (General) de la nación, Mónica Ferrero. Dos desconocidos irrumpieron en la propiedad y efectuaron múltiples disparos, un acto que las autoridades han calificado como un ataque directo y calculado al Estado de derecho y a la cúpula del sistema de justicia .
Si bien la Fiscal Ferrero y sus familiares resultaron ilesos, el atentado causó daños materiales y una conmoción que obligó al gobierno y a la oposición a cerrar filas de inmediato, catalogando el incidente como un “ataque institucional”.
Venganza por Cocaína: El Vínculo con el Crimen Transnacional
La principal hipótesis manejada por el Ministerio del Interior apunta a que el atentado fue una represalia directa por los recientes y exitosos “golpes al narcotráfico” ejecutados por la Fiscalía. El detonante específico sería la incautación de un cargamento masivo de
2.2 toneladas de cocaína en Punta Espinillo, cerca de Montevideo, ocurrida durante el pasado mes de agosto .
La Policía Nacional investiga la posible implicación de una banda vinculada al notorio narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los fugitivos más buscados por agencias antidrogas internacionales, como la DEA. Si se confirma este vínculo, el ataque demuestra que la red criminal posee la capacidad logística y el poder económico para orquestar actos de terror desde la clandestinidad, enviando un mensaje brutal a la justicia por haber afectado sus finanzas. La camioneta utilizada por los atacantes fue encontrada posteriormente quemada, una táctica habitual del crimen organizado para eliminar huellas y rutas de escape .
Cabe destacar que Ferrero no es ajena al peligro: antes de asumir como Fiscal de Corte, se desempeñó como Fiscal de Estupefacientes, período durante el cual ya había recibido amenazas de muerte.
La Respuesta Estatal y la Exigencia de Refuerzos
El presidente Yamandú Orsi condenó el ataque, asegurando que existen “límites que no debemos dejar pasar” y anunció que el Estado activará “respuestas concretas” en el marco de la investigación . Por su parte, el Ministro del Interior, Carlos Negro, prometió firmeza institucional, afirmando que “Ninguna advertencia va a poder con la Fiscalía, con la Justicia ni con la Policía Nacional”.
El atentado ha destapado también profundas críticas sobre la capacidad operativa del Estado. El gremio de fiscales, a través de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), exigió públicamente al sistema político refuerzos presupuestales urgentes para la seguridad edilicia y la protección personal de los fiscales. Esta solicitud subraya una vulnerabilidad sistémica que el crimen organizado ha explotado.
El Colegio de Abogados de Uruguay y la OEA se sumaron a la condena. El organismo internacional expresó su “más enérgica condena” al ataque, reafirmando que “Defender la justicia es defender la democracia”.
Avance de la Investigación: Dos Detenidos y Análisis Forense
La Policía Nacional, a través de su director José Azambuya, confirmó la detención de dos personas, un hombre y una mujer, inmediatamente después del ataque . La Fiscalía, a cargo de Angelita Romano, se prepara para solicitar la imputación formal de los detenidos, probablemente por delitos de violencia agravada contra la autoridad pública.
Actualmente, los investigadores analizan el ADN de una colilla de cigarro recogida en el lugar del atentado para establecer una conexión irrefutable con la escena del crimen. Las autoridades han optado por no divulgar “información sensible” que pudiera comprometer la investigación, cuyo éxito dependerá de la capacidad de rastrear la orden de ataque hasta los autores intelectuales del crimen.